EE UU se prepara para el cambio climático

La locomotora americana suena con fuerza en el horizonte. El mundo se prepara para engancharse a sus vagones. El presidente español, Pedro Sánchez, volará el día 20 a EE UU con un séquito de empresarios decididos a formar alianzas con la nueva economía que silba al calor del multimillonario plan de infraestructura que se cuece en el Congreso.

Joe Biden quiere pasar a la historia como un nuevo Roosevelt y aprovechar el frío de la pandemia para hacer arder una hoguera gigantesca que caliente a todos los estadounidenses y a la vez baje la temperatura de la tierra. Nunca es fácil aprobar grandes proyectos en el Congreso de EE UU, mucho menos cuando el partido dominante tiene cogida la mayoría por los pelos. Hace ocho años que la formación de Bill Clinton y Barack Obama no tenía el control de la Casa Blanca y las dos cámaras. De cumplirse las estadísticas, el año que vienen perderán la baza legislativa en las elecciones de medio mandato. Esta es su gran oportunidad.

En 2008 el Gobierno de Obama desperdició esa preciosa oportunidad de negociar con la oposición republicana su plan de reforma sanitaria. Biden estaba ahí, en el papel de vicepresidente y negociador con el Congreso. Por eso sabe mejor que nadie cuáles fueron los errores cometidos. Ahora que le toca repetir la jugada como presidente la Casa Blanca no permitirá que el tiempo le gane la partida.

Tiene 78 años y el reloj en la mano. Él piensa ya en su legado. Quiere que su plan de infraestructura sea el mayor revulsivo para EE UU desde qué Eisenhower creo la red de carreteras. En el país en el que espera invertir miles de millones de dólares a costa de los contribuyentes más acaudalados, los coches serán eléctricos y encontrarán una estación para recargar sus baterías en cualquier gasolinera.

Para eso pretende invertir 4.000 millones de dólares en estaciones de carga para vehículos eléctricos, 8.300 millones en reducir la huella de carbono, 6.200 millones en blindar la infraestructura de la extrema meteorología qué traerá el cambio climático y 3.000 millones para echar abajo los puentes elevados sobre autovías que atraviesan los barrios más desfavorecidos separándolos del corazón de las ciudades. El plan es tan ambicioso que Biden y su partido reconocen que harán falta varias partidas para sacarlo adelante. En el caso de la prevención de los efectos del cambio climático, la realidad actual le da la razón en que es urgente.

Bipartidismo

La Cámara baja aprobó el jueves en términos estrictamente bipartidistas la Ley Invertir en América que busca dotar una norma de transporte con 715.000 millones de dólares en cinco años. Comparte muchas similitudes con la visión del presidente y por tanto arroja claridad en lo que puede resultar de las negociaciones que consumirán el verano de los legisladores: 343.000 millones de dólares en carreteras, puentes y medidas de seguridad vial, 109.000 millones en vías de tránsito, 95.000 millones en ferrocarriles, 117.000 millones para agua potable y 51.000 millones en depuradoras.

Cuando Biden anunció su Plan de Empleo Americano en marzo como «la mayor inversión que se haya hecho jamás en investigaciones y desarrollo no relacionados con Defensa» lo valoró en 2,3 billones, pero la semana pasada aceptó un acuerdo entre senadores de ambos partidos que lo rebaja a 1,2. La trampa está en que ha puesto al senador Bernie Sanders, el más progresista de la Cámara alta, a diseñar unos presupuestos que pretende aprobar por la vía rápida mediante el recurso de reconciliación presupuestaria, que sólo requiere mayoría simple. Puede que hasta cinco veces más que la ley de infraestructura que acaba de pactar con la oposición. En ella entraría todo lo que ha tenido que sacrificar para obtener el apoyo de los republicanos, especialmente su inversión en las familias de clase media que considera «infraestructura humana», más todo lo que se ha atrevido a soñar Sanders en este Congreso. Desde rebajar de 65 a 60 años la edad para acceder al seguro médico financiado por el Gobierno hasta ofrecer descuentos para el transporte público a los desfavorecidos. Esta Ley de Reconciliación ascendería a 6.000 millones.

Para aprobarla no hará falta ni un solo voto de la oposición, pero sí cuadrar a todos y cada uno de los legisladores demócratas e independientes. Un trabajo nada fácil, dado el amplio espectro ideológico del partido.

Los demócratas, que sólo tienen nueve asientos de margen en la Cámara baja y controlan la alta con el voto de desempate de la vicepresidenta, están ante la gran oportunidad de su vida para hacer historia. Los republicanos que han pactado con el presidente un acuerdo diluido a la mitad no están dispuestos a que todo lo que le han rebajado sea aprobado por otro lado a costa de subir el impuesto de sociedades del 30% al 35%, por lo que amenazan con una revuelta.