Eslovenia inicia una presidencia rotatoria de la UE marcada por las suspicacias

La nueva Política Agraria Común (PAC), estancada durante años; la Ley del Clima –que obliga al bloque a alcanzar la neutralidad en 2050 y a cumplir con el objetivo intermedio de reducir las emisiones contaminantes en un 55% para 2030-; el Certificado Digital Covid-19 o los primeros planes de recuperación y resiliencia para la reconstrucción pospandémica son algunas de las aportaciones que dejan los seis meses de presidencia portuguesa de la UE. Este viernes el testigo lo coge Eslovenia, que se incorporó al club en 2004 y que ya ostentó la presidencia rotatoria en 2008.

«Juntos. Europa resiliente» será su eslogan los próximos seis meses. Un tiempo para los que se asumen compromisos como «el de facilitar la recuperación de la UE y reforzar su resiliencia, reflexionar sobre el futuro de Europa, fortalecer el Estado de Derecho y los valores europeos, y aumentar la seguridad y la estabilidad en la vecindad europea», según destacaba hace una semana el ministro de Exteriores Anže Logar en el acto formal de presentación. Una cumbre programada para octubre que Liubliana pretende sea clave para la integración de los vecinos de Balcanes Occidentales sería a priori el evento al más alto nivel de esta etapa.

La cuestión es que pasamos de dos presidencias proeuropeas durante la pandemia (la alemana y la portuguesa) a otra detentada por un país de Visegrado (club euroescéptico del que también forman parte Polonia, la Hungría de Víktor Orban y la República Checa). Así que las suspicacias están servidas.

Porque la independencia del poder judicial o de los medios de comunicación, las políticas de igualdad y los derechos de las minorías han llevado al límite las discrepancias de Hungría y Polonia con Bruselas, pero que también (aunque de un modo más atemperado) marcan a Eslovenia. La ley homófoba de Orban ha disparado recientemente esa tensión. Atacada por la práctica totalidad de los Veintisiete hace una semana tuvo el apoyo del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y cierta comprensión del esloveno Janez Janša.

Posición ambigua

Este populista conservador, que fue procesado (aunque no condenado) por supuesta corrupción y que gobierna en coalición con partidos de derecha y centristas, ha adoptado sobre la ley húngara un tono moderado y conciliador que, se confía, persista durante toda la presidencia. Aunque no está tan claro que vaya a ser así. Janša no es Orban, cierto. Su partido, el conservador SDS, mantiene su vínculo con el Partido Popular Europeo (PPE) que el Fidesz magiar rompió hace tiempo. Y su país, junto con la República Checa estuvieron totalmente alineados con el resto de la UE en los debates presupuestarios del pasado año. Pero no hay coherencia en su comportamiento. Más bien, ambigüedad.

Porque el primer ministro esloveno también envió una carta a varios líderes europeos apoyando el veto de Hungría y Polonia al presupuesto plurianual 2021-2027 por su vinculación al Estado de derecho -sus socios de coalición llegaron a pedirle la dimisión- o celebró por libre una supuesta victoria electoral de Donald Trump, días antes de que se confirmase el triunfo del demócrata Joe Biden.

Únase a ello sus conocidos ataques a la independencia de los medios de comunicación, el corte a la financiación de la única agencia de noticias del país, STA, a la que Janša calificó de «vergüenza nacional». Desde su Ejecutivo se ha acusado de «parcialidad» a varios magistrados e incluso se mantienen un bloqueo al nombramiento de dos fiscales nacionales para que formen parte de la Fiscalía Europea.

Una decisión polémica que deja cojo de facto a este organismo de reciente creación y que le ha llevado a una dura colisión con el legislativo comunitario. Así que se auguran tensiones en la labor de mediación que este gobierno iliberal tiene encomendada hasta el 31 de diciembre entre los Estados y la Eurocámara, organizando además calendarios y debates.