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El líder unionista tradicional Jim Allister, el ex eurodiputado del partido Brexit Ben Habib, Kate Hoey y su abogado a la salida este miércoles del Tribunal Superior de Irlanda del Norte. /
Un juez de Belfast rechaza la petición unionista para que se declare anticonstitucional el protocolo del ‘brexit’
La Unión Europea ha extendido hasta septiembre el periodo de gracia para la importación en Irlanda del Norte de productos cárnicos específicos procedentes del resto de Reino Unido, como parte de la firma de un acuerdo más amplio con el Gobierno británico, que desarma, o al menos aplaza, la que se había denominado como la ‘guerra de las salchichas’.
Los negociadores, Maros Sefcovic por la UE y David Frost por Reino Unido, han mostrado su satisfacción con el acuerdo, que tiene una naturaleza provisional y una duración de tres meses. Evita oportunamente la exacerbación de tensiones en vísperas de las festividades ‘orangistas’, en torno a la conmemoración el 12 de julio de una victoria de la corona protestante de los Orange en el siglo XVII.
El polémico Protocolo irlandés, incluido en el Acuerdo de Retirada, ha creado barreras en el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el caso de los productos cárnicos, se reducirían drásticamente con un acuerdo de homologación veterinaria, pero los términos no se han pactado porque la UE no quiere correr el riesgo de quebrar las reglas del mercado único permitiendo normas diferentes en la isla de Irlanda y Reino Unido quiere preservar la mayor autonomía posible.
Evitar las tensiones es el objetivo de las dos partes cuando se presagiaba un «verano caliente» en la región, que ya vio desafíos callejeros a la Policía por grupos radicales que exigen la anulación del Protocolo, al igual que los partidos que representan la mayoría del unionismo probritánico.
‘Brexit’ constitucional
Algunos de sus líderes actuales y pasados, incluyendo a David Trimble, el líder unionista en la firma del Acuerdo de Viernes Santo y por ello Premio Nobel de la Paz, habían presentado ante el Tribunal Supremo de Irlanda del Norte una petición para que declarase ilegal el Protocolo, por ser contrario a las leyes constitucionales, entre ellas el acuerdo de paz de 1998.
El juez Adrian Colton rechazó el argumento de los unionistas. En su juicio el Acuerdo de Retirada pactado por la UE y Reino Unido es por su contenido una más de las leyes que forman la estructura constitucional de Irlanda del Norte, con el mismo rango que las sucesivas leyes de Irlanda, (Acts of Ireland) que ha promulgado el Parlamento de Westminster para asentar las relaciones políticas establecidas en cada momento histórico entre las dos islas.
Que la ley de Irlanda de un año determinado estipule que no pueden existir barreras entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña no anula el Protocolo contenido en la ley que convierte el Acuerdo de Retirada en legislación doméstica británica, dice el juez, porque refleja la voluntad constitucional más reciente del Parlamento.
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