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Orban busca ampararse en un referéndum para legitimar su ley homófoba

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Victor Orbán en una foto de archivo. / reuters

El primer ministro llama a los húngaros a que defiendan «su nación» ante las imposiciones de la Unión Europea

Como todo populista, Viktor Orban necesita sentirse siempre arropado por los suyos. Ellos le bastan aunque el resto del planeta esté contra él. Por ello el primer ministro húngaro convocó ayer a sus seguidores para que refrenden el apoyo a su líder carismático en su cruzada por defender unos valores que fuera de su entorno nadie entiende. Lo deberán hacer en un referéndum sobre la polémica ley que afecta a la comunidad LGTB y que ha atraído el rechazo del resto de la Unión Europea y un expediente de la Comisión Europea por vulnerar de muchos principios comunitarios al discriminar y estigmatizar a ese colectivo.

Esta evaluación del apoyo interno a su guerra contra la «promoción» de la homosexualidad y las cuestiones transgénero entre los menores para «protegerles de delitos como la pederastia», como mantiene el Gobierno de Budapest, carece aún de fecha. En cambio, sí se conocen las preguntas. Los magiares deberán manifestar su opinión sobre que en los colegios se «hable de sexualidad con sus hijos sin su consentimiento», si apoyan «la promoción de los tratamientos de cambio de sexo para los menores» o la «presentación sin restricciones ante los menores de contenido mediático de carácter sexual que afecte a su desarrollo», como desveló el propio Orban en un vídeo difundido a través de la red social Facebook.

Pero no se quedó ahí. También anunció la respuesta que desea. Pidió a sus compatriotas que respondan «no» a todas las cuestiones. Según él, exigencias que la UE quiere imponer a Hungría. «Cuando la presión sobre nuestro país es tan grande, la única opción es que la propia gente de Hungría defienda su nación», añadió el primer ministro.

El Ejecutivo europeo ha abierto un expediente de infracción contra Hungría, que puede desembocar en el Tribunal de Justicia de la UE y posteriormente en la adopción de sanciones financieras. Desde el regreso al poder de Orban en 2010, esta corte y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han condenado reiteradamente a su Ejecutivo por sus reformas judiciales o relativas a medios de comunicación, refugiados, oenegés, universidades o minorías.

El domingo se supo también que Budapest podría haber usado el programa Pegasus para espiar unos 300 teléfonos inteligentes, incluidos los de periodistas.

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