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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en una investigación patrimonial que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó en contra de Ildefonso Guajardo en 2019.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la investigación le atribuyó en aquel entonces al exfuncionario federal inconsistencias por dos millones 84 mil 360 pesos en su evolución patrimonial solo del año 2014.
Sin embargo, concluyó que dichas indagatorias fueron iniciadas a partir de notas periodísticas y no como resultado de un trabajo técnico de revisión de las declaraciones patrimoniales de Guajardo, “lo que incumplió con lo previsto en el Reglamento Interior de la SFP”, según la auditoría 77-GB de la Cuenta Pública 2019.
Además, en cuanto a los periodos de investigación, identificó que estos incluyeron años anteriores al ejercicio fiscalizado, incumpliendo los plazos de investigación, “creándose condiciones para el ejercicio discrecional de las facultades conferidas y, por ello, potenciales actos contrarios a la legalidad”.
Cabe resaltar que dichas indagatorias incluyeron a cinco secretarios de Estado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, y Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), hoy acusada por el desvío de más de cinco mil millones de pesos por el esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.
Acusa Guajardo ‘persecución política’ de FGR
Respecto a las acusaciones en su contra, Guajardo aseguró que estas se tratan de una ‘persecución política’ por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que le acusa por presunto enriquecimiento ilícito por la cantidad de nueve millones de pesos, provenientes de depósitos encontrados por la SFP.
De acuerdo con Guajardo, las razones detrás de esta acusación son porque participó en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León, por lo que puede que al gobierno no le hayan gustado algunas de sus declaraciones, y porque va a ser diputado de oposición en la próxima legislatura, dijo en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola.
Sin embargo, aseguró que la investigación donde se encontraron las irregularidades por 2.9 millones de pesos fueron justificadas en su momento por la venta de autos y la devolución de un préstamo.
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